Es un proceso legal en el cual se determina la capacidad de una persona para ejercer actos jurídicos de manera plena. Este proceso puede ser iniciado por la propia persona interesada, sus familiares, representantes legales o por un tercero.

En el juicio de determinación de la capacidad, se evalúa la capacidad mental y de discernimiento de la persona en cuestión, así como su capacidad para administrar sus propios asuntos. Si se determina que la persona no tiene capacidad plena, se nombrará un tutor o curador que se encargará de velar por sus intereses y tomar decisiones en su nombre.

Consultá sobre las protecciones personales, patrimoniales, garantizar protección mediante el cobro de pensiones no contributivas, cobertura médica, o pensiones derivadas de las jubilaciones de sus padres y obtener con ello la cobertura médica de la obra social.

El objetivo es proteger a las personas con capacidades limitadas y garantizar que sus derechos sean respetados, según lo establecido en el Código Civil y Comercial Argentino.